Los agricultores salen a las carreteras en la segunda semana de protestas | Economía

Tras una semana agitada por las primeras protestas del sector agrario, los tractores han vuelto a las carreteras. A medida que transcurría la mañana, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha reportado cortes en vías de Andalucía, Cataluña, La Rioja, Extremadura y la Comunidad de Madrid, donde los agricultores han vuelto a movilizarse, en su mayoría, al margen de la convocatoria oficial de las asociaciones agrarias profesionales (Asaja, COAG y Upa) y organizados por canales de Telegram y WhatsApp. Las retenciones provocadas por los tractores han ocasionado un accidente de tráfico en la A-4 a la altura de Carmona (Sevilla), en la que varias personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, según el delegado del Gobierno en Andalucía.

Las concentraciones han ido tomando forma en varias carreteras de todo el país. La DGT informa de cortes en varias carreteras andaluzas y retenciones en autovías de Lleida y Tarragona. Cerca del medio día también se han reportado interrupciones de tráfico en Badajoz y Cáceres y varios puntos de la provincia de Huesca y Zaragoza.

Los tractores también han bloqueado el tráfico en carreteras de Navarra y La Rioja. En Málaga han cortado el acceso al mercado central de abastecimiento, Mercamálaga. Todas estas concentraciones han ocurrido al margen de la convocatoria de las principales asociaciones agrarias, que solo tenían previstas movilizaciones hoy en Alicante, Salamanca y la Comunidad de Madrid. La convocada en esta última autonomía ha transcurrido sin novedades, han acudido aproximadamente unos 50 tractores desde el municipio de Titulcia hasta Torrejón de Velasco, según datos de la secretaría provincial de COAG.

El mundo rural reclama medidas urgentes que alivien la situación que atraviesa el sector. Exigen que se flexibilice la normativa europea que regula el trabajo en el campo, pagos justos por las cosechas y que se mejoren los controles de las importaciones desde fuera de Europa.

“Parece que estamos manejando explosivos”

El secretario general de COAG Andalucía, Miguel López, ha reconocido este lunes que los cortes de carretera que están realizándose y los que están anunciados a partir del próximo miércoles 14 de febrero —convocados por Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agrarias— generan molestias a los ciudadanos, pero ha defendido la necesidad de llevarlos a cabo. “¿Qué hacemos? Nos están arruinando y echando del campo. Pedimos a los ciudadanos que nos apoyen. Este es un problema de Estado y el presidente del Gobierno se tiene que sentar de una vez con nosotros”.

“Hay ansiedad porque no hay medios y porque la gente se está arruinando”, ha apuntado López en una entrevista en Canal Sur Televisión recogida por Europa Press, que ha aludido a la cantidad de “papeles” que tienen que cumplimentar los agricultores. “Parece que estamos manejando explosivos”, ha señalado. El secretario general de la COAG ha apuntado que “las protestas no empezaron hace una semana. Están preparándose desde hace tiempo, pero hay un grupo que se mete por medio y, en vez de ir contra la PAC, distorsiona”, refiriéndose a la aparición de la autodenominada plataforma 6F, que también reclama la supresión de la agenda 2030 y que se corten los subsidios a las principales asociaciones del campo.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha confirmado en una entrevista en Onda Cero, que presentará ante el Consejo Europeo, el próximo 26 de febrero, una propuesta para simplificar la PAC y que insistirá en el principio de reciprocidad con los productos fitosanitarios de terceros países.

No hay multas por romper con la Ley de la Cadena Alimentaria

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (Facua) ha informado esta mañana que la medida incluida en la Ley de la Cadena Alimentaria, que prohíbe la venta a pérdidas, no ha sido todavía objeto de ninguna sanción. Para la asociación es un claro indicador del “reducido” número de controles que lleva a cabo la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) para detectar estas prácticas.

La AICA, por su parte, ha compartido que desde enero de 2023 hasta la actualidad solo hay registradas 195 sanciones “firmes”, que oscilan entre los 1.801 y 42.769 euros, con un monto total de 641.398 euros.

Solo siete de todas estas sanciones alcanzan las cinco cifras y más de la mitad (104) se reducen a 1.800 euros. El motivo más frecuente de las penalizaciones es el incumplimiento de los plazos de pago, con 128 incidencias, seguido de no formalizar por escrito los contratos alimentarios, causante de 41 de las multas. No hay rastro de sanciones por incumplir con la norma que rige que no se puede vender a pérdidas, una de las principales reivindicaciones de las protestas.

La ONG advierte de que las ventas a pérdidas pueden darse tanto en origen, como en los supermercados, de los que Facua acusa de aplicar “sospechosos descuentos” en ciertos productos a precios por debajo de costes o que antes contaban con márgenes de beneficio absolutamente desproporcionados.

Así, Facua pide a Agricultura que investigue estas prácticas, y recuerda que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tiene potestad para sancionar estas prácticas y requerir que los supermercados justifiquen sus subidas de precios, que no pueden deberse a un aumento en los márgenes de beneficio.

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