La llegada del ultraderechista Javier Milei a la Casa Rosada inaugura una nueva etapa en las relaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Representantes del organismo han llegado a Buenos Aires para negociar un posible reacomodo del acuerdo que Argentina mantiene con el Fondo desde 2018, cuando el el conservador Mauricio Macri se endeudó por 44.000 millones de dólares, y el plan de pagos firmado en 2020 con el peronista Alberto Fernández. El organismo de financiamiento comenzará a reunirse este viernes con los equipos técnicos y el encuentro con funcionarios del Gobierno, que estaba previsto para hoy, ha sido postergada hasta el lunes, según medios nacionales. Milei confía en que la negociación será exitosa porque el recorte de gastos que ya empezó a aplicar es “más duro”, según su propia valoración, que el que pide del FMI. La duda del Fondo es si el ultraderechista podrá poner en práctica ese plan ortodoxo y promercado, que tiene resistencia en las calles y choca contra el Congreso y los tribunales.
Argentina debe saldar la deuda de 44.000 millones asumida por Macri que pronto se volvió impagable para el país. El Gobierno de Fernández, que sucedió a Macri, acordó un nuevo plan de pago a cambio de una serie de metas fiscales y monetarias. El actual programa tuvo su última revisión aprobada en agosto. El Fondo consideró que Argentina no había alcanzado las metas, pero autorizó un nuevo desembolso porque valoró que el incumplimiento se debía a una “sequía sin precedentes y a desviaciones de las políticas”. Ahora está pendiente una nueva revisión que debía hacerse en diciembre y se postergó por la llegada de Milei al poder.
La actual Administración considera que, como el país “no cumplió” con los objetivos, el acuerdo de 2020 está “virtualmente caído”. Pero formalmente no lo está y los representantes del Fondo se reunirán con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, con el ministro de Economía, Luis Caputo, con autoridades del Banco Central y con los equipos técnicos para “reencauzar” las negociaciones, según expresó el portavoz presidencial, Manuel Adorni. El Gobierno no ha mencionado la posibilidad de descartar el actual acuerdo, que concluye en septiembre, para firmar uno nuevo y ha descartado la llegada de nuevo financiamiento. Diferentes analistas consultados por EL PAÍS consideran que esas opciones “no son muy factibles”, aunque no existen certezas. La agenda del encuentro “no está predefinida”, ha asegurado Adorni.
La reunión del lunes, que estaba prevista para este viernes, será el primer encuentro en Buenos Aires de funcionarios de este Gobierno con representantes del Fondo después de que se reunieran en Washington en diciembre. Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, dijo entonces que el organismo está “muy interesado” en apoyar a Argentina. Georgieva había mantenido días antes una conversación por videoconferencia con Milei. “El Fondo se mostró colaborativo”, aseguró el presidente en un mensaje en la red social X y calificó la charla de “excelente”. Por esto y por la profundidad del ajuste que Milei ya empezó a implementar –devaluó la moneda un 50% y anunció la quita de subsidios al transporte y la energía, entre otras medidas– el Gobierno está confiado en que tendrá el respaldo del FMI.
Un acuerdo exitoso le permitirá al Gobierno fortalecer la balanza de pagos, que actualmente se encuentra comprometida, y lanzar un mensaje a los inversores internacionales. Algunos analistas, sin embargo, señalan que la propia ortodoxia del programa económico de Milei, que en parte está sostenido sobre medidas impuestas por decreto o aún no aprobadas en el Congreso, puede provocar diferencias con el FMI.
“El Gobierno demuestra compromiso para implementar las reformas que está proponiendo”, asegura Pablo Nemiña, investigador en economía política del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), de la Universidad de San Martín y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). Pero no alcanza con eso, agrega: “También debe demostrar que las políticas son sustentables, es decir, que se puedan implementar porque tienen cierto grado de apoyo”. En economía, explica, se habla de ownership, que vendría a ser la “la propiedad o el control” que un país tiene sobre el acuerdo.
Ahí es donde Milei tiene un problema. Aunque el ultraderechista ganó en segunda vuelta con el 56% de los votos y el respaldo popular aún es amplio, su partido, La Libertad Avanza, está en minoría en el Congreso. El proyecto de ley que presentó con más de 600 medidas para reformar el sistema político, económico y social argentino deberá superar el obstáculo legislativo. También deberá hacerlo el megadecreto que impuso con más de 300 reformas y que está siendo cuestionado en la justicia por “inconstitucional” –un tribunal ya suspendió una parte de ese decreto este miércoles–. Las calles presentan otro desafío: ciudadanos de distintas partes del país han salido a rechazar las medidas casi a diario y la principal central sindical del país, la Confederación General de los Trabajadores, ya ha convocado a un paro general para el 24 de enero.
Nemiña cree que conseguir el apoyo a las medidas será clave para encuadrar el vínculo entre ambas partes. “Siempre se pueden hacer reformas. Pero hay que involucrar a la sociedad y el Gobierno debe estar dispuesto a que sus ideas sean adaptadas. Si piensa que la sociedad está equivocada, tiene que convencerla. Para eso hay un instrumento extraordinario que se llama política”, señala.
“El FMI es más político y sabe que necesita tener algún tipo de negociación que permita avanzar estas reformas conteniendo de alguna manera los sectores afectados”, apunta Francisco Cantamutto, doctor en Ciencias Sociales especializado en Economía e investigador del Conicet. Cantamutto explica: “Si el Fondo acepta una posición ideológica como la del Gobierno de Milei, corre el riesgo de que el programa colapse muy rápidamente si la sociedad no la puede tolerar. En cambio, si pretende un programa más reducido, pero socialmente más viable, estaría por debajo de las demandas del propio Gobierno. Estamos ante una situación relativamente novedosa, que el FMI tiene que estudiar con detenimiento”.
A este acercamiento le seguirán más etapas. Mientras las partes negocian, el calendario de pagos de Argentina con el Fondo sigue el camino preestablecido. Después de que el FMI interrumpiese los desembolsos tras la derrota del oficialismo en las elecciones de noviembre, el Gobierno de Milei acordó un nuevo préstamo puente con el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF de 960 millones de dólares para cumplir con los vencimientos de diciembre. El país deberá pagar este año casi 7.300 millones de dólares. El primer vencimiento es este lunes 9 de enero y el segundo una semana después, el día 16, por un total de 1.900 millones.
Sintonía con el Fondo
El FMI ha intervenido en la economía Argentina durante periodos de gobiernos democráticos y en dictaduras, con administraciones liberales o proteccionistas. El presidente Juan Domingo Perón rechazó sumarse a la lista de asociados del organismo cuando este fue creado en 1944 porque lo consideró “un nuevo engendro putativo del imperialismo”. Pero diez años después, el general Pedro Aramburu tomó el primer crédito tras asumir el poder con un golpe de Estado en 1955. Ahí empezó la historia de encuentros y desencuentros del país con el FMI, una sigla que los argentinos asocian a ajustes impopulares y profundas crisis económicas y sociales, como la crisis del corralito de 2001 y la cesación de pagos de una deuda externa de 144.000 millones de dólares.
En 2006, con el presidente peronista Néstor Kirchner saldó la deuda con el Fondo e inauguró una época de distanciamiento. El organismo cerró su oficina en Buenos Aires y Argentina quedó exenta de las revisiones periódicas de sus técnicos. Por 15 años, el país no le pidió asistencia. Hasta que en 2018, poco antes de acabar su mandato, Macri pidió un nuevo rescate.
La etapa que abre Milei, más ortodoxa y promercado, “se alinea con la estrategia de gobiernos neoliberales que han pasado por Argentina antes, pero desde una posición ideológica más extrema y corrida a la derecha”, señala Cantamutto. El economista marca dos particularidades. Una es la “posición de debilidad política severa” que Milei tiene en el Parlamento y otra es “un escenario internacional distinto”. “Hoy no estamos ante el mundo unipolar de los años noventa. La hegemonía global de Estados Unidos se encuentra amenazada por el ascenso de los BRICS de mano de China”, dice.
Nueva estrategia geoeconómica
Argentina acaba de anunciar formalmente que no participará de los BRICS, la alianza económica integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica a la que Argentina accedió en agosto. La decisión está en línea con la visión de Milei, que defiende la cercanía de su Gobierno con Estados Unidos, Israel y “el mundo libre” en general, lejos de los países que considera “comunistas”. En ese listado prohibido está China, pero también Brasil. “Esto influye en la relación con el Fondo Monetario, que está tan influido por Estados Unidos”, señala Noemí Brenta, doctora en Economía de la Universidad de Buenos Aires y autora del libro Historia de la deuda externa de la dictadura a nuestros días. “Supongo que el Gobierno está jugando ese reposicionamiento externo como un modo de presión para recibir un trato más favorable del Fondo”, agrega.
Brenta, sin embargo, ve “difícil” que el Fondo otorgue a Argentina financiamiento adicional al convenio que concluye en septiembre de 2024. “El acuerdo con el Fondo ya está desembolsado en un 84%. No podemos esperar mucho más que esos 7.000 millones de dólares [que restan]. Y eso va a ser para pagarle al mismo Fondo”, valora. Después continúa: “¿Qué otras opciones tiene el Gobierno de financiamiento? Ninguna de montos importantes. Ya ha enfriado las relaciones con China y China denegó la activación del nuevo tramo del swap [intercambio de divisas], así que con eso no podemos contar. Los montos que nos pueden prestar los otros organismos –CAF, Banco Mundial, BID— son ínfimos para la necesidad de financiamiento externo”. La deuda externa argentina suma casi 300.000 millones de dólares.
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